Los apartamentos turísticos son una de las formas tradicionales de alojamiento extra hotelero español. El desarrollo exponencial del sector turístico producido en España en las últimas décadas, ha ido siempre unido a este tipo de arrendamiento con finalidades turísticas, realidad que se ha ido consolidando en estos años.

Tras la derogación, en 2010, del Real Decreto 2877/1982, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales, a través del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades y su ejercicio, para adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al modelo de distribución de competencias en materia de ordenamiento turístico; y la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos, efectuada por el legislador nacional mediante la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas; se produjo un vacío legal que era preciso completar con una regulación normativa autonómica, que favoreciera la inversión y el desarrollo de la oferta de alojamientos.

Con la reciente aprobación y publicación del Decreto 36/2018, de 29 de mayo, por el que se establece la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional busca dar una solución regulatoria a las viviendas de uso turístico, estableciendo los requisitos y condiciones mínimas que deberán cumplir, esta tipología de viviendas.

Teniendo en cuenta que las viviendas turísticas hasta ahora, habían sido viviendas residenciales de particulares no regladas por ninguna normativa administrativa de alojamiento turístico que exigiera requisitos específicos a los inmuebles en los que se practicaba este tipo de alquiler; con este nuevo decreto, el Gobierno regional dota a nuestra comunidad autónoma de la cobertura reglamentaria necesaria para las viviendas que tengan un uso turístico en nuestra región.

En este sentido, la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, busca promover el conocimiento y el cumplimiento de esta nueva norma.